Para la próxima década del país que aspiramos, la identidad económica se impondrá a esos valores de convivencia, con una modernidad muy compleja de movilidad social empujada por la economía de gran escala.
Es una obligación del Estado generar empleos decentes y salarios más justos que faciliten el desarrollo socioeconómico de la población, sin desvío de los recursos públicos a grupos, familias ni partidos.
Este accionar debe responder a la esperanza de que las sociedades prosperen en base a la confianza de sus líderes, cuando trabajan para un capital social, mitigando las desigualdades económicas y fortaleciendo la seguridad social.
La identidad económica más que una ideología o accionar, entraña derechos básicos del ciudadano, que para comprenderla basta decir que la persona tenga acceso a: alimentación, educación, salud, vivienda, trabajo, ecología, seguridad física y ciudadana, entre otras.
Es decir, esta identidad se trata de derechos que suponen necesidades básicas de las personas y las cuales están supuestas a ser atendidas por el gobierno.
El vivir aquí y ahora, nos lleva a múltiples identidades sin compromiso del bien común; por tanto, la Identidad Económica no puede ser tratada como una mercancía en un mercado que se agota y se vuelve desechable, debe ser considerada como estrategia de organización para el país y sus ciudadanos.
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